Una sentencia con alta contaminación política: El caso Marita Veron

El caso Marita Verón es un culebrón judicial, lejos aún del veredicto definitivo, con una alta carga de contaminación política y sin el rigor jurídico que debiera haber tenido un asunto tan sensible por sus características propias y sus connotaciones.

 

El voto disidente de Emilio Páez de la Torre desnuda las diferencias oceánicas entre sus pares del tribunal del que formó parte. Y también pone en el tapete el procedimiento seguido por la Corte al analizar la causa, cuando volteó parcialmente el fallo absolutorio inicial de los jueces después procesados.

Los camaristas Dante Ibáñez y Juana Juárez cumplieron al pie de la letra el mandato cortesano, imponiendo penas. Dicen los que dicen saber derecho penal, que no se puede condenar a nadie sin tener la certeza absoluta de su culpabilidad, así se tratara de prostibularios. La esencia misma del juicio oral penal —acotan— es la inmediatez y el contacto directo con el reo y las vivencias. No lo hubo. La Cámara Penal que determinó las penas tomó como delito la trata de personas, figura inexistente en el Código Penal al momento de la desaparición de Marita. Es un instituto incorporado por el cristinato mucho tiempo después.

Fue un proceso complejo y farragoso. En todo su extendido decurso estuvo impregnado, de una punta a la otra, por la desembozada presión política con nombres, apellidos y ADN de sus actores. Particularmente, pesó la sombra omnipresente de la madre de la víctima, con la intromisión de Alperovich y el monitoreo a distancia de la Casa Rosada, que reclamaba el patíbulo. La Corte tucumana tuvo marcado interés en el desenlace, porque la imposición de penas significaba convalidar su propio procedimiento viciado en sus raíces, por “la solución novedosa”, de su invención: dictó sentencia sin fijar condenas a los imputados. Un escapismo endeble como jurídicamente impuro (inexistente en la legislación) por condescendencia al poder político, del que tendrá que hacerse cargo alguna vez. La singular innovación de la Corte no fue recogida en la reforma del Código Penal.

La Corte salió por arriba del laberinto en el que quedó entrampada. No quiso irritar al César de la aldea, ni a la inquilina de la Casa Rosada. Tampoco a la influyente mujer, que siguió siempre el proceso con mirada amedrentadora. Si Ibáñez y Juárez hubieran ratificado el fallo absolutorio de la Cámara Penal, Sala II, de seguro tenían encima la guillotina del juicio político. Rondó en ellos el miedo, sin duda. La resolución de los supremos cortesanos dando vuelta la absolución originaria (anticipado por Antonio Estofán, sin excusarse después), fue fulminada por Páez de la Torre. Para el juez, la Corte se colgó de un procedimiento que “no está contemplado en nuestra legislación, ni en ninguna otra del país”, remató.

El voto dispar del corajudo juez es poco común, difícil de encontrar en la Judicatura en los tiempos actuales. Es un ejemplo vívido —y vivificante— de que aún hay jueces que son jueces, probos y dignos de llevar la toga que calzan. No sólo dio testimonio de un meditado apego al derecho. También de otros atributos que hay que tener. “Me resultó moralmente inaceptable fijar una pena”, expresó con convicción. Para condenar —afirmó— debo tener certezas, y la certeza es algo intransferible, propio. De la Torre es plenamente consciente de que su voto diferente puede acarrearle hasta un juicio político, atizado por el zar (o la Corte, por desobediencia), como antes los padecieron Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lescano por el fallo absolutorio dictado. Demostró ser un magistrado dispuesto a inmolarse en defensa de la ley, antes que ceder al huracán de la política. Y se paró, firme, en la vertical de su dignidad.

La Corte (Estofán, Claudia Sdbar y Antonio Gandur) debiera haber confirmado o anulado el fallo absolutorio. Nada más, según los entendidos. Uno u otro pronunciamiento era desatar un escándalo. Si hubiera optado por la anulación, tendría que haber ordenado la formación de una Cámara con nueva integración, para realizar un nuevo juicio. Significaba, claro, despertar la furia de los dioses del Olimpo K, con Susana Trimarco en la línea de fuego blandiendo la cimitarra decapitadora, sumado el zar, claro.

Las expresiones de Páez de la Torre son lapidarias para la Corte, al señalar tangencialmente que se desentendió del caso Verón. El que valora la prueba, conoce los hechos y determina si son culpables, es quien debe fijar condenas, dijo. El alto tribunal utilizó un atajo y delegó en otra Cámara Penal la imposición de penas. Corre el riesgo de que cuando el entuerto judicial llegue a la instancia última de la Corte Nacional —distante y apagadas las pasiones humanas de la hora— la obligue a dictar un nuevo pronunciamiento. ¿Por desconocimiento del derecho?

En el proceso, la influencia de Trimarco —de comunicación sin filtros con Cristina— fue tal, que apenas conocida la absolución de los reos y ante las explosivas declaraciones que lanzó disconforme con el fallo, Alperovich se hizo presente esa misma tarde en la fundación que preside, para ponerse a sus órdenes. “Haré todo lo que me pidas, Susana”, suplicó. ¿Qué exigió? La destitución de los camaristas que no hallaron en la investigación, ni en el debate oral, pruebas suficientes incriminatorias contra los acusados. Tampoco las aportó la policía de Alperovich, ni la fiscal, Adriana Cuello Reinoso.

Con premura inusitada, la corporación legislativa organizó la decapitación del trío de camaristas. Durante el enjuiciamiento, Herrera Molina y Pidrabuena renunciaron para jubilarse. El zar desconoció la ley que permite el apartamiento voluntario, negándose admitir sus dimisiones para no colisionar con Trimarco. La Corte Suprema lo obligó a aceptarlas. En el caso de Piedrabuena, con Gandur en la presidencia, sostuvo en su fallo que Alperovich había violado los derechos humanos. Todo un papelón jurídico que pudo haber evitado, si hubiera oído el consejo de la Fiscalía de Estado y de su ministro político. Las costas —aún no determinadas— de los defensores Arnaldo Ahumada y Roberto Toledo las pagará el Estado, por supuesto, no Alperovich. Los berrinches del mandamás cuestan caro a los tucumanos.

Los fundamentos de la sentencia se anunciarán el jueves 24 de este mes. Hay expectativa en conocer la argumentación de Páez de la Torre. Con su voto disidente, adelantado en La Gaceta, sacudió al máximo tribunal en sus cimientos y puso bajo sospecha el procedimiento seguido, por inexistente como tal, y por su marcada coloratura política. Los supremos se atajan y defienden su tesis. El mecanismo de bajar la causa a otro tribunal —apuntan— dio a los imputados una instancia más y, tras el fallo, volver a la Corte tucumana con otra formación. Finalmente queda el recurso federal. La protección dada por la Corte provincial, en resguardo de los derechos de los imputados, no encaja en la actual legislación penal, como sostiene el díscolo juez.

Argumentar que un nuevo juicio hubiera significado demorar sine die la definición del caso Marita, ¿qué importa si en el fondo está el juego la libertad del hombre, con el riesgo, en paralelo, de condenar a inocentes?

Si uno se adentra en sus conceptos concluye que, para el juez, la responsabilidad penal de los imputados y la fijación de penas, no son actos inescindibles, sino encastrados uno al otro. Seguramente, la Corte tuvo certezas para determinar la culpabilidad de los encartados. Y ahí se quedó, delegando en un nuevo tribunal la aplicación de condenas. Ese es el divorcio de las aguas, jurídicamente hablando.

El tribunal que integró el juez de marras no tuvo participación alguna en el proceso oral. La Corte le entregó un paquete enlatado y ordenó dictar sentencia, algo así como los decretos de necesidad y urgencia que envía la Presidente al Congreso, exigiendo su aprobación sin correr una coma. Ni más ni menos. El tribunal fijó penas entre 10 y 22 años, sin leer el expediente (tiene 63 cuerpos con decenas de cientos de fojas), no tuvo vivencias, ni vio los rostros de los que mandó alegremente al cadalso. No hubo contacto con ellos. La Corte cometió una gravísima gaffe, todo por ceder a los caprichos del patrón y por terror a Trimarco.

Abogados del foro enviaron una nota a Páez de la Torre, ponderando “con sincera admiración” su conducta ejemplar y valerosa. Es de aquéllos —dicen— que aún a riesgo de su propia tranquilidad decidió optar por el difícil y árido camino del cumplimiento de la ley. No por los fáciles atajos de la resignación y la complacencia. Su voz —continúa— parece casi una cándida confesión moral, pero posee una entidad tan tremenda que no puede dejar a nadie indiferente, a menos que todos nos resignemos a concluir que nada vale la pena y que es inútil toda lucha por los principios y los valores.

Rubén Rodó
Diario La Gaceta de Tucumán

 

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