Luego de una compleja discusión jurídica, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación resolvió que dos de los casos más emblemáticos de la corrupción kirchnerista se sustancien en dos tribunales orales independientes.

 

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa coincidieron con el dictamen del fiscal Raúl Pleé y decidieron que la acusación por el direccionamiento de fondos de la obra pública en Santa Cruz sea tramitada ante el Tribunal Oral Federal 2 y la "ruta del dinero K" ante el Tribunal Oral Federal 4.

El conflicto se suscitó cuando el TOF 2 (sorteado para juzgar la causa Vialidad, donde está imputada Cristina Kirchner) declaró la conexidad con la ruta del dinero porque en ambas causas se encuentra imputado el empresario Lázaro Báez y se investiga una asociación ilícita entre ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y empresarios de su confianza destinada a apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos públicos.

El TOF 4 aceptó la existencia de conexidad, pero sin pronunciarse en orden a qué tribunal tenía el delito más grave, declinó la competencia por considerar que las causas debían juzgarse separadamente debido a su complejidad, a fin de evitar el riesgo de pasar años sin una sentencia firme.

En la elevación a juicio oral realizada por el magistrado de instrucción Sebastián Casanello, la ex Presidente no figura entre los imputados de la Ruta del Dinero K pese a la imputación realizada por el fiscal Guillermo Marijuán. Sin embargo, nada obsta que el tribunal oral decidiera imputarla para juzgarla en un segundo proceso.