El Gobierno oficializó hoy su decisión de congelar el ingreso de personal al Estado Nacional, para disminuir el gasto público en un 30% este año por ese concepto y lograr una "Administración Pública más eficiente y eficaz".

 

La medida se formalizó a través de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña y de los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra.

En el extenso texto oficial, la Casa Rosada estableció que las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional"no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019".

El decreto exceptúa a la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad -excluido el personal civil de esas citadas fuerzas-.

Además, el Gobierno dispuso que los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales, celebrados entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas, "quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019".

También, estableció que no se podrán instrumentar nuevos beneficios "tales como bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o en especie, hasta el 31 de diciembre de 2019".

A través del decreto, se fijó que deberá aplicarse una disminución del 30% en los pagos por servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos de los funcionarios públicos.

Asimismo, solo los ministros podrán trasladarse al exterior en "clase ejecutiva" de los aviones, mientras que los funcionarios con rango de secretario sólo podrán utilizar pasajes en clase ejecutiva para viajes de duración mayor a 8 horas.

El Gobierno, por otra parte, encomendó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) "el relevamiento de vehículos de uso oficial que se encuentren tanto a disposición del traslado de funcionarios como los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentren asignados, y la elaboración de un informe de flota óptima para cada jurisdicción u organismo, relevado a los efectos de su posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad".

 

En el mismo sentido, dispuso: "suspéndense los procesos de adquisición o alquiler con opción de compra de vehículos destinados a uso oficial que se encuentren en curso hasta la finalización del relevamiento".

A partir de este martes, los organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Nacional tendrán un plazo de 60 días para remitir a la Jefatura de Gabinete "un proyecto de optimización de su estructura organizativa".

Por último, el Poder Ejecutivo "invitó" al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a "adoptar medidas similares a las establecidas en el presente decreto, en el ámbito de sus propias competencias y jurisdicciones".

El Poder Ejecutivo justificó esta medida al señalar que "la asignación de recursos a la Administración Pública debe ajustarse estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las metas y objetivos previstos".

Por ese motivo, señaló que "se requiere instrumentar diversas acciones que permitan brindar respuestas eficientes con la asignación de los recursos disponibles, teniendo como fin una Administración Pública más eficiente y eficaz".

"En el actual contexto, resulta necesario adoptar medidas que no sólo tiendan al uso eficiente y racional de los recursos públicos, sino que además permitan su progresiva disminución", añadió.

Fuente: NA