En el segundo llamado a licitar obras mediante el sistema Participación Público Privada (PPP) iba a estar incluida la construcción del segundo puente interprovincial, un viejo anhelo de Chaco y Corrientes. Con la suspensión de las licitaciones, el sueño deberá esperar.

 

 

Dos protagonistas habían anunciado la inclusión del segundo puente Chaco-Corrientes en la licitación de obras públicas a través del sistema PPP, el gobernador correntino Gustavo Valdés y el también correntino Carlos Vignolo, encargado de la Unidad Plan Belgrano.

 

El mandatario había calificado el hecho como “histórico”, expresando que “beneficiará a 16 mil usuarios diariamente” y afirmando que “esta es la forma de construir futuro”.

 

Por su parte, Vignolo confirmó en octubre pasado que el segundo puente estaría incluido en el segundo llamado PPP, ya que seún expresó “se tomó la decisión política”. De todas formas, en aquel momento la volatilidad económica ya hacía temblar la licitación.

 

“Estamos a la espera de una mejora en el riesgo país, esperamos que se produzca en los próximos días o meses y a partir de ahí se va a abrir una nueva instancia. No tiene fecha porque necesitamos mejores condiciones de la economía”, había dicho en diálogo con Radio Nacional. “Las PPP dependen de la inversión privada y la inversión privada tiene que ver con coordenadas económicas”, agregó.

 

Finalmente fue el riesgo país nombrado por Vignolo lo que no posibilitó, hasta el momento, el llamado a licitación para la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes y otras obras. El presidente Mauricio Macri decidió no abrir los sobres debido al incremento de ese índice.

 

El jefe nacional tomó así lo decidió tras reunirse con el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el jefe de la cartera de Turismo Guillermo Dietrich, el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior Francisco Cabrera y el presidente del Banco Nación Javier González Fraga.

 

De todas maneras, la causa de los Cuadernos K también fue un factor influyente en la decisión, ya que varias empresas que iban a formar parte de la licitación están involucradas en el escándalo.

 

Según consignó este jueves Ámbito Financiero, “Las PPP eran, hoy por hoy, la única apuesta a la obra pública que el gobierno de Macri aspiraba a poner en marcha durante el año electoral, ya que no tenían un cuestionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), a pesar del programa de ajuste fiscal, y siempre que tuvieran 100% financiamiento privado”.

 

 

El proyecto suspendido proponía inversiones por US$ 21.000 millones a realizarse entre 2019 y 2023.

 

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA?

 

Según la agencia Télam, “los contratos celebrados bajo esta modalidad son aquellos entre órganos y entes del sector público y sujetos privados para realizar obras o suministrar bienes. Su particularidad radica en que ‘hay una distribución de riesgos entre la autoridad contratante y el contratista, asumiendo éste último la responsabilidad por la obtención de una parte sustancial del financiamiento del proyecto’, según indica la Subsecretaría del área, perteneciente al Ministerio de Finanzas”.

 

“La característica central del sistema es la ‘flexibilidad’ para adaptar la estructura del contrato a las exigencias particulares de cada proyecto y su financiamiento”, agregaron.

 

Además, explicaron que “los contratos bajo esta modalidad se podrán utilizar para el desarrollo de infraestructura, viviendas, actividades y servicios, inversión productiva e investigación aplicada o innovación tecnológica. Quedan excluidos aquellos proyectos ‘cuyo único objeto sea la provisión de mano de obra, el suministro y provisión de bienes y la construcción o ejecución de obras financiadas sustancialmente con fondos del Tesoro Nacional’”.

 

Destacan también que la selección del contratista se realiza mediante licitación o concurso público.

 

Por último, “el pago a quien resulte elegido podrá realizarse por la afectación específica de recursos o transferencia, o a través de la utilización de fideicomisos. Este último instrumento se regirá por un reglamento al que deberán adherir las partes, tendrá una duración de 30 años y el agente fiduciario será el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Los fiduciantes serán los ministerios a cuya jurisdicción correspondan los proyectos”.

Fuente:DiarioChaco