Luego de los allanamientos realizados en Colonia Elisa y Resistencia, los empresarios Carlos y Juan José Colombo declararon en la fiscalía federal. También lo hizo Raúl Szimanski, dueño de Náutica SA. 

Según pudo saber este medio a través de fuentes judiciales, los tres se presentaron a declarar tras ser citados. Esto sucedió luego de que el miércoles Prefectura allanara sus empresas y encontrara cinco lanchas que serían propiedad de funcionarios de alto rango del Gobierno provincial. En sus declaraciones, los Colombo indicaron que Horacio Rey, ex secretario de la Gobernación, compró una lancha a Javier Colombo y que el intermediario de esta compra habría sido el empresario Facundo Gil (dueño de la empresa de publicidad Brandon). En tanto que, Szimanski, de Naútica SA, declaró que armó una lancha de Ricardo Retamozo y otra para Roberto Lugo, subsecretario de Comercio, mientras que a Rey le hizo un testeo de un motor antes de comprarlo. Ahora, es trabajo de la Justicia investigar y determinar con qué dinero se compraron esos bienes y si los fondos provienen del Estado mediante transacciones no declaradas. MÁS INVOLUCRADOSHasta el momento, los investigados son Claudia Varela, Héctor Alonso, Ricardo Retamozo, Roberto Lugo subsecretario de Comercio, Mónica Yaczuk; y las razones sociales de Real Comercializadora, IBE SA, Horacio Rey ex secretario general de la Gobernación, Hugo Orlando Rey, su esposa y secretaria privada Susana Fernández, su cuñado y secretario Ismael Fernández y el empresario Facundo Gil, dueño de Brandon SRL. También están involucrados Amplitud SA, GYB, Fundación Bianca, Fundación Volver a Empezar, Fundación MIQUEAS, Fundación SERVIR Y CRECER, Praxton, entre otros, el presidente de ECOM, Leandro Flaschka y el vice presidente de la empresa, Luis Eiman.  Pero los nuevos allanamientos suman nuevos nombres. Entre ellos el de Paulo Buttice, ex secretario de Comunicaciones y hombre de confianza de Rey, el ministro de Hacienda Cristian Ocampo y su esposa, que es gerenta del Fideicomiso de Pautas. No se descarta que puedan aparecer nuevos nombres. En este contexto, con los allanamientos ya realizados y la certeza de que las direcciones en las que funcionaban las fundaciones a las cuales el fideicomiso (de Gil) de pauta transfería fondos, son terrenos vacíos, la Justicia Federal tendría el puntapié inicial para hacer el requerimiento. Esto decantaría en imputaciones a los principales sospechosos por el delito de lavado de activos y evasión tributaria y detenciones. INTERVENCIÓN NACIONALPor otra parte y dada la magnitud de la investigación, en las últimas horas habrían tomado contacto con las autoridades judiciales, miembros de la Secretaría de Seguridad de la Nación, quienes pondrán a disposición la Unidad de Delitos Económicos de Prefectura y técnicos de AFIP, para que aporten a la investigación en temas contables.Fuente:DiarioChaco