Sáenz Peña: Verónica Bastos es actualmente secretaria de la Fiscalía 1, un ámbito judicial plagado de planteos de nulidad y múltiples denuncias a sus integrantes. En los pasillos se menciona fuertemente las pretensiones de la abogada. ¿Hay vínculos con la política?.

 

Bastos, secretaria en la Fiscalía que hasta hace poco condujo Liliana Lupi (que inició el trámite jubilatorio para zafar de un Jury), es alcanzada por una denuncia que involucró a la ahora ex fiscal y que promueve un requerimiento jurisdiccional. 14 hechos denunciados que fueron a parar a las manos del fiscal Gustavo Valero, que investiga lo requerido, pero con todo el tiempo del mundo, como si recibiera presiones u ordenes para no avanzar.

Esa denuncia, que no es la única, apuntaba a Lupi como fiscal, pero también alcanza directamente a Verónica Bastos su secretaria y a la jueza de Garantías Mariana Benítez. En los pasillos se sospecha de connivencia entre las damas para algunas cuestiones.

Lupi busca zafar de un posible Jury en su contra y opta por jubilarse. Lo decidió sola o se lo aconsejó la Procuración que siempre la protegió? No se sabe ni se sabrá. El cargo ya está vacante y las altas esferas del STJ deberán proponer un fiscal suplente, hasta se abra el concurso por el cargo.

Bastos, que tuvo episodios donde se le sospechó responsabilidad según OdeN,  conoce el movimiento de la Fiscalía al dedillo y apuesta a quedarse con el lugar. Según algunas fuentes la doctora Bastos tiene a varios dirigentes radicales ya negociando para acompañar esa pretensión. Porque si bien los reglones y reglones de libros hablan de las cualidades de los magistrados en Sáenz Peña todo depende de cuanta «banca» política se tenga. hay que buscar padrinos para conseguir cargos, y si se viene arrastrando denuncias a cuentas mucho más.

Será cierto que la UCR saenzpeñense acompaña las pretensiones de la secretaria de la ex fiscal Lupi?

Por si algunos se olvidan de las cosas que pasan en los pasillos tribunalicios, en Sáenz Peña ni el fiscal designado, ni el Procurador ni su Adjunto, ni el Consejo de la Magistratura ni el STJ, nadie quiere hablar de ciertas cosas.

La denuncia que involucra a la «posible postulante apadrinada por la UCR» es un escrito de 20 paginas doble faz, donde se mencionan 14 hechos:

1- Omisión de instruir IPP o vista al fiscal en turno por el delito de extorsión y cohecho activo.

2- Omisión de instruir IPP o vista al fiscal en turno por el delito de acción pública (estafa) llevado a conocimiento de la Fiscalía.

3- Omisión de correr vista al fiscal federal por la comisión del delito de falsedad ideológica de documento público destinado a acreditar la propiedad automotor.

4- Mantenimiento de cauciones encontrándose firme el auto de prisión preventiva decretada respecto del denunciante.

5- Embargo de automotor de tercero encontrándose acreditado el orígen de los fondos ante AFIP.

6- Abuso cautelar.

7- Allanamiento de inmueble alquilado, conociendo la fiscal la titularidad de dicha locación.

8- Divulgación mediática de datos privados, personalisimos, e información errónea y falaz.

9- Afectación del debido proceso al impedir el acceso a declaraciones obrantes en el expediente.

10- Allanamientos de domicilios con el solo fundamento de frecuentar los mismos.

11- Intervenir correo electrónico de abogado defensor.

12- Incumplimiento de los plazos máximos de la IPP.

13- Fijación de cauciones reales de imposible cumplimiento.

14- Falta de devolución de objetos secuestrados.

En la denuncia queda claro que más allá de la titularidad de la oficina cuestionada hay funcionarios que comparten responsabilidades por carga pública, y que ante la posible o aparente comisión de algún delito tienen la obligación de hacer las denuncias correspondiente.

La pandemia y las situaciones que ésta genera en nuestra sociedad, y particularmente en la Ciudad Termal donde hay varios casos, dejan relegadas cosas que siguen sucediendo, solapadamente y con poco conocimiento del resto de la ciudadanía.

Fuente: Chaco Magazine